Indigo's Home - The Violation of Human Rights by Recent ICE Actions

La violación de los derechos humanos por las recientes acciones de ICE en los Estados Unidos

Emily Nuñez | versión español

El debate de deportación se ha basado parcialmente en el misconcepción de que los inmigrantes indocumentados han violado la ley solo por residir en Los Estados Unidos sin un estatus legal definido. Sin embargo, ahora que los oficiales de ICE están abiertamente violando el “debido proceso” garantizado por la constitución, hay que examinar la cuestión de inmigración con lentes éticos en vez de legales, debido a que los estándares judiciales se han ido deteriorando. El 4 de julio del 2025, el Congreso aprobó la Ley One Big Beautiful Bill, que asignó una cantidad incomparable de 170 mil millones de dólares a la detención y el control de la inmigración, entre otros cambios drásticos en el presupuesto federal. Según un reporte del Brennan Centro para Justicia, esta suma es “más que el presupuesto anual de todas las agencias policiales locales y estatales combinadas en todo Estados Unidos”. La administración de Trump está promoviendo la narrativa de que los aumentos en las deportaciones ayudan a proteger las comunidades americanas, expulsando criminales que representan un peligro. El sitio web oficial de ICE refuerza esta idea, haciendo referencia a que “los oficiales y agentes de ICE están en las calles todos los días, priorizando la seguridad pública al localizar, arrestar y deportar a extranjeros criminales y violadores de leyes de inmigración de nuestros vecindarios”. La declaración en sí misma es irónica; ¿por qué alguien sin antecedentes penales representaría un riesgo a la seguridad pública? Según informes de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), más del 70% de los inmigrantes detenidos por ICE no tienen antecedentes penales, lo cual contradice el riesgo que dichos inmigrantes representan para la comunidad. La pregunta es: ¿cuáles son las vías legales disponibles para que estos inmigrantes actualicen su estatus migratorio?

Para evitar ser considerado y expulsado como criminal siendo un inmigrante en los Estados Unidos, hay que legalizarse a través de las vías autorizadas, por ejemplo, obtener un asilo como refugiado político, casamiento con un ciudadano, obtener una VISA de trabajo o estudiante, etc. Sin embargo, estos procesos son defectuosos, con demoras extremas y estándares inconsistentes.

La historia referida a continuación representa un ejemplo perfecto de cuán difícil es la legalización de acuerdo a leyes actuales de inmigración. Cindy y Dennis Rodriguez inmigraron a Los Estados Unidos con su hija pequeña en 2019, escapando de una vida plagada de violencia en Honduras. Sufrieron los asesinatos de hermanos, padres, primos, y enfrentaron hasta secuestros y violaciones sexuales a manos de miembros de pandillas, las cuales están protegidas por las autoridades de la zona. Finalmente, lograron emigrar a Los Estados Unidos, seguros de que iban a calificar por asilo y legalizarse sin demora, considerando su situación. Sin embargo, entre los seis años que han luchado en este país para llevar una vida honesta y solicitar asilo, poco a poco se dieron cuenta de cuán difícil es el proceso. Después de años tratando de presentarse ante el juez de la corte de asilo, su caso fue desestimado, sin siquiera ser escuchados. Dennis contó: “Siempre íbamos [a la corte], y siempre nos decían ‘no’. Cancelaban y cancelaban... cuando nosotros llevamos todos los documentos, y el único día que sí nos atendió el juez, fue para desestimar el caso. Él dice que era muy tarde por parte de nosotros. Pero yo lo veo algo muy incoherente, porque nosotros siempre íbamos. El único día que sí nos atienden, no nos dan la oportunidad ni tan siquiera de leer los documentos que teníamos. No veo lógica a eso. Las aplicaciones y toda la información de lo que sucedió en Honduras, todas las pruebas, fotos, periódicos... no hubo oportunidad de demostrarlas”. El juez no solo obstaculizó la única oportunidad de esta familia de presentar su caso, sino que también los culpó por haber llegado demasiado tarde para calificar para el asilo, a pesar del hecho de que el propio tribunal era el que cancelaba las audiencias cada año. Además del fallido proceso, ICE cometió la rutinaria injusticia de arrestar a la familia al salir de la corte ese día, aun cuando el juez reiteró que no iba a haber deportación. Aparentemente, los oficiales necesitaban un documento del juez donde estaba escrita la nota de no deportación, nota que el juez no proveyó. Esto demuestra el engañoso proceso de la ley creado intencionalmente contra los inmigrantes. ¿Cómo puede este país deportar a refugiados a sus peligrosos países de origen sin darles jamás una oportunidad adecuada para legalizarse?

La perversión de las instituciones de inmigración es más profunda de lo que nos imaginamos. Según estadísticas publicadas por el Consejo Americano de la Inmigración, el 86% de inmigrantes detenidos no tienen representación o consejo legal, a pesar de que la sexta enmienda de la Constitución garantiza el derecho de los acusados de ser representados, independientemente de que uno pueda o no pagar un abogado privado. No solo eso, sino que el Consejo Americano de la Inmigración también nos cuenta que “el 60% de las personas bajo custodia de ICE están sujetas a “detención obligatoria”, lo que significa que no tienen derecho a una audiencia de fianza para solicitar su liberación, lo cual constituye un debido proceso básico”. Se vuelve importante preguntar: ¿por cuánto tiempo y en cuáles condiciones están encarcelados los detenidos por ICE? Según las estadísticas publicadas oficialmente por ICE en su sitio web gubernamental, los detenidos pasan un promedio de 46 a 77 días encarcelados, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Otros reportes publicados por TRAC Reportes nos revelan que 45 de las 181 instalaciones de detención en los Estados Unidos estaban superpobladas y por encima de la capacidad, lo que significa que estos inmigrantes, la gran mayoría respetuosos de la ley sin antecedentes penales, están detenidos por tiempos equivalentes a los de delincuentes convictos en condiciones inaceptables, muchos separados de sus hijos porque la mayoría de los centros de detención no albergan a familias enteras. Además, ICE sostiene la posición de que ellos no están obligados a mostrar una orden judicial durante arrestos públicos, y están permitidos cubrirse las caras y esconder sus identidades mientras arrestan los sospechosos, dos estándares que jamás han estado normalizados para agentes policiales y emergieron recientemente para acelerar las detenciones.

Apoyadores de la agenda del ICE muchas veces argumentan que los inmigrantes indocumentados no están protegidos por la Constitución porque los derechos detallados se reservan para los ciudadanos. A lo largo de esta línea de pensamiento, ICE no estaría cometiendo ninguna violación del debido proceso de los indocumentados arrestados. Es fundamental clarificar que jamás está escrito en la Constitución que las protecciones solo se aplican para los ciudadanos. No se pueden hacer suposiciones sobre la Constitución que no estén escritas en el texto, porque fue escrito de una manera muy intencional. Imagina que un extranjero visita los Estados Unidos y comete algún error, y la policía le detiene. El gobierno americano no puede mantenerlo arrestado ni decidir sobre ninguna otra acción disciplinaria sin un juicio apropiado, aunque la persona no sea ciudadano americano. Los derechos de la Constitución, y especialmente en el contexto de las enmiendas protegiendo a los acusados (4, 5, 6, y 8), se aplican a todos una vez que entran al territorio estadounidense; es la ley de la tierra y no la ley de los ciudadanos. Los inmigrantes ilegales bajo investigación son individuos acusados, y debe realizarse una audiencia antes de que ocurra la deportación, para darles a estos individuos la oportunidad de presentar su caso. La constitución tiene que ser obedecida y aplicada hacia todos, así que no hay duda de que ICE está violando los requisitos constitucionales con sus acciones, un delito que la población americana debe tomarse muy en serio. Si nuestras propias autoridades no están cumpliendo con las leyes del país, nadie está a salvo de sus abusos de poder, ciudadanos y personas indocumentadas por igual.

A la administración de Trump no le importa si los detenidos están enfermos, embarazadas, si tienen hijos ciudadanos, si no tienen ninguna historia criminal, si siempre han pagado sus taxes, si han contribuido a la economía con negocios y años de trabajo duro y leal, si todavía están en medio del proceso de legalización, o si ya tienen su permiso de trabajo y están legalmente autorizados para trabajar. Solo les importa promover la supremacía blanca y el nacionalismo blanco. Las estadísticas demuestran que ICE está realizando una persecución masiva de los inmigrantes sin consideración de las condiciones de detención ni los derechos legales y humanitarios de los inmigrantes. ICE está eludiendo los procedimientos del debido proceso y colaborando con las cortes para denegar a los detenidos sus derechos básicos de fianza y representación, y no se termina allí. El gobierno está tratando de permitir aún más la violación de los derechos humanos al aprobar una ley que permite a ICE perfilar racialmente a individuos sospechados.

Bibliografía:

“Access to Counsel in Immigration Court - American Immigration Council.” American Immigration Council, 28 de septiembre de 2016.

“FY25 ICE Detention Statistics.” U.S. Immigration and Customs Enforcement, ice.gov, 2025.

“ICE Contractual Capacity and Number Detained: Overcapacity vs. Overcrowding.” News from Trac, TRAC Reports, 8 de julio de 2025.

“Immigration Detention Quick Facts.” TRAC Immigration, TRAC Reports, 24 de agosto de 2025.

“Las estadísticas de detención de ICE muestran que los arrestos disminuyeron en julio; las deportaciones aumentaron.” News from Trac, TRAC Reports, 2 de agosto de 2025.

Pachico, Elyssa. “Congress Approves Unprecedented Funding for Mass Deportation.” American Immigration Council, 1 de julio de 2025.

“Policy Brief | Snapshot of ICE Detention: Inhumane Conditions and Alarming Expansion.” National Immigrant Justice Center, 20 de septiembre de 2024.

Rodriguez, Dennis, Rodriguez, Cindy. Entrevista personal. 16 de septiembre de 2025.

The Violation of Human Rights by Recent ICE Actions in the United States

Emily Nuñez | English version

The deportation debate has been based in part on the misconception that undocumented immigrants have violated the law simply by residing in the United States without a defined legal status. However, now that ICE officers are openly violating the constitutionally guaranteed "due process," the immigration issue must be examined through ethical rather than legal lenses, as judicial standards have gone deteriorating. On July 4, 2025, Congress passed the One Big Beautiful Bill, which allocated an unprecedented $170 billion for immigration detention and enforcement, among other drastic changes to the federal budget. According to a report by the Brennan Center for Justice, this sum is "more than the annual budget of all state and local law enforcement agencies combined across the United States." The Trump administration promotes the narrative that the increased scale of deportations helps protect American communities by removing dangerous criminals. The official ICE website reinforces this idea, stating that “ICE officers and agents are on the streets every day, prioritizing public safety by locating, arresting, and deporting criminal aliens and immigration violators from our neighborhoods.” The statement itself is ironic; why would someone without a criminal record pose a risk to public safety? According to reports from the Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), more than 70% of immigrants detained by ICE do not have a criminal record, which contradicts the risk these immigrants supposedly pose to American communities. The question is: what legal avenues are available for these immigrants to update their immigration status?

To avoid being treated and expelled like a criminal as an immigrant in the United States, one must legalize oneself through authorized avenues, for example, obtaining asylum as a political refugee, marrying a citizen, obtaining a work or student visa, etc. However, these processes are flawed, with extreme delays and inconsistent standards.

The following story is a perfect example of how difficult legalization is under current immigration laws. Cindy and Dennis Rodriguez immigrated to the United States with their young daughter in 2019, escaping a life plagued by violence in Honduras. They suffered the murders of siblings, parents, and cousins, and even faced kidnappings and sexual assaults at the hands of gang members, who are protected by local authorities. The family finally managed to migrate to the United States, certain that they would qualify for asylum and legalize their status without delay, given their situation. However, over the six years they have struggled in this country to make an honest living and apply for asylum, they gradually realized how difficult the process is. After years of trying to appear before the asylum court judge, their case was dismissed, without even being heard. Dennis recounted: “We always went [to the hearings], and they always told us ‘no.’ They canceled and canceled... even though we brought all the documents, and the only day the judge saw us, it was to dismiss the case. He says it was too late on our part. But I find it very incoherent, because we always went. The only day they did see us, they didn’t even give us the opportunity to read the documents we had... the applications and all the information about what happened in Honduras, all the evidence, photos, newspapers... there was no opportunity to present them.” The judge not only wasted this family’s only opportunity to present their case, but also blamed them for being too late to qualify for asylum, despite the fact that the court itself was the one that canceled the hearings every year. In addition to the botched process, ICE committed the routinely injustice of detaining the family as they left court that day, even though the judge had assured them that there would be no deportation. Apparently, the officers needed a document from the judge with the non-deportation notice written on it, a note the judge failed to provide. This demonstrates the deceptive system the government intentionally created against immigrants’ interests. How can this country deport refugees back to their dangerous countries of origin without ever giving them a propper chance to legalize their status?

The perversion of immigration institutions runs deeper than we imagine. According to statistics published by the American Immigration Council, 86% of detained immigrants have no legal representation or counsel, despite the fact that the Sixth Amendment of the Constitution guarantees the right of accused persons to representation, regardless of whether one can or cannot afford private legal representation. Beyond that, the American Immigration Council also tells us that “60% of people in ICE custody are subject to ‘mandatory detention,’ meaning they are not entitled to a bond hearing to request their release, which constitutes basic due process.” It becomes important to ask: for how long and under what conditions are those detained by ICE imprisoned? According to statistics officially published by ICE, detainees spend an average of 46 to 77 days incarcerated, without the possibility of release on bond. Other reports published by TRAC reveal that 45 of the 181 detention facilities in the United States were overcrowded and exceeded capacity, meaning that these immigrants, the vast majority of whom are law-abiding with no criminal record, are detained for periods equivalent to those of actual convicted criminals in unacceptable conditions, many separated from their children because most detention centers do not hold entire families. Furthermore, ICE maintains that they are not required to show a warrant during public arrests, and are permitted to cover their faces and hide their identities while arresting suspects, two standards that have never been normalized for law enforcement officers and have only recently emerged to expedite arrests.

Supporters of the ICE agenda often argue that undocumented immigrants are not protected by the Constitution because constitutional rights are reserved for citizens. Following this line of reasoning, ICE would not be committing any violations of the due process rights against undocumented immigrants. It is critical to clarify that it is never written in the Constitution that its protections apply only to citizens. We cannot make assumptions about the Constitution that are not written in the text, because it was written very intentionally. Imagine a foreigner visits the United States and commits an error, and the police detain them. The American government cannot keep them detained or decide on any other disciplinary action without a proper trial, even if the person is not an American citizen. The rights of the Constitution, and especially in the context of the Amendments protecting the accused (4, 5, 6, and 8), apply to everyone once they enter U.S. territory; it is the law of the land, not the law of citizens. Illegal immigrants under investigation are accused individuals, and a hearing must be held before deportation occurs to give these individuals the opportunity to present their case. The Constitution must be obeyed and applied to everyone, so there is no doubt that ICE is violating constitutional requirements with its actions, a crime the American people must take very seriously. If our own authorities are not complying with the laws of the land, no one is safe from their abuses of power, citizens and undocumented persons alike.

The Trump administration doesn't care if detainees are sick, pregnant, have citizen children, have no criminal history, have always paid their taxes, have contributed to the economy with businesses and years of hard and loyal work, are still in the process of legalizing their status, or already have work permits and are legally authorized to work. They only care to promote white supremacy and white nationalism. Statistics show that ICE is conducting a massive persecution of immigrants without regard for detention conditions or immigrants' legal and humanitarian rights. ICE is circumventing due process procedures and collaborating with the courts to deny detainees their basic rights to bail and representation, and it doesn't end there. The government is attempting to further enable the violation of human rights by passing a law that allows ICE to racially profile suspected individuals.

Bibliography: